Con el “compactamiento” de las delegaciones federales, surgió otro eslabón de la casta divina de la política. Los súper delegados -uno por estado- son los responsables de los programas sociales de AMLO; los que vigilan (cuando no son puestos por ellos) que los gobernadores no se roben las multimillonarias bolsas. Sin embargo, los elegidos ($126,617 mensuales bruto) no han sido muy pulcros que digamos. Y es que desde hace 14 meses, nueve de ellos eran investigados -fue lo que se dijo- por mal uso de los programas.
Fue apenas el principio… Más tarde, el TEPJF pidió investigar a otros delegados por promoción personalizada con fondos públicos. Hace un año, su Sala Regional Especializada concluyó que 14 usaron el reparto de programas para hacer campaña por AMLO y por ellos mismos.
Dos de ellos: Gabino Morales, de SLP, y Manuel Huerta, de Veracruz, fueron además acusados por abuso y acoso sexual. El primero, mientras se desempeñó como dirigente estatal de MORENA. No perdonó ni a las “Servidoras de la Nación”.
Tristemente, de nada sirvió que en marzo del 2019, el presidente arremetiera contra los delegados “por andar metidos en politiquería”. El bendito nepotismo no podía estar ausente de la vida de los nuevos privilegiados: Carlos Lomelí Baños renunció en Jalisco tras saberse que benefició a parientes con contratos de medicamentos al gobierno por $164 millones. Ya en la cima del conflicto de interés, un hermano (Pablo) de la propia secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, es súper delegado en Guerrero.
Otros están también muy bien apalancados: Rodrigo Abdalá, sobrino de Manuel Bartlett, en Puebla; José Ramón Gómez Leal, cuya hermana está casada con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, o Verónica Díaz Robles, cuñada del senador Ricardo Monreal. Ahora, un puñado de delegados -97 denuncias ante la SFP duermen el sueño de los justos- se lanza a campaña por 15 gubernaturas. ¡Viva la 4T!
