CDMX.- Diez meses antes de ser detenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto -en febrero de 2013-, la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE) Elba Esther Gordillo, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012, de acuerdo con el periódico El País.
Una investigación de los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil reveló este martes que Gordillo indicó a la banca andorrana que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.
“Gordillo planeaba transferir los seis millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del PRI, para enviar fondos a la BPA, donde movió 120 millones de dólares”, dice el reporte.
La intención de Elba Esther era justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación. Para convencer a BPA de que los recursos eran legales entregó una copia de su pasaporte, del testamento de su madre “y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo”.
Sin embargo, el Comité de Prevención de Blanqueo de la banca andorrana rechazó las transferencias tras haber consultado informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”.
En un documento interno, el BPA también hizo mención a la opacidad del financiamiento recibido por el SNTE durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
“El patrimonio de la familia de la señora Gordillo se ha generado por la posición política de ella”, aseguró la entidad bancaria en un acta confidencial fechada el 19 de abril de 2012. El BPA buscaba evitar un daño a su reputación derivado de hacer negocios con Gordillo.
Los intentos de la entonces lideresa magisterial se produjeron 10 meses antes de que la Procuraduría General de la República (FGR) la detuviera en el aeropuerto de Toluca por el desvío de 2 mil 600 millones de pesos de las cuotas de los maestros, bajo los cargos de fraude fiscal, desvío de recursos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En agosto de 2018 fue absuelta de la causa penal por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que se decretó su libertad.
En declaraciones al diario El País, el abogado de Gordillo, Marcos del Toro, desmintió que la sindicalista pretendiera abrir una cuenta en Andorra y dijo desconocer “si alguien lo intentó en su nombre”.
De acuerdo con el periódico español, un juzgado de Andorra investiga desde 2013 la presunta conexión de Gordillo con una cuenta en el banco Andbank por 604 mil 775 dólares y por la que están imputados los titulares de la cuenta, los hermanos mexicanos Álvaro y Laura Victoria Quintana Díaz. Lo anterior, por el delito de lavado de dinero. Álvaro Luna fue asesor financiero del SNTE.
Alfredo Solloa Junco, expresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y el abogado Ricardo Zazueta Chávez, ligado a una sociedad que aparece vinculada al caso, también se encuentran involucrados en las pesquisas, además de los mexicanos Alfredo y Alfonso Solloa y la sociedad Servicios y Procesos Altus S. A. de C.V.
La magistrada andorrana María Ángeles Moreno pidió a México información para probar la relación de Elba Esther Gordillo con las personas investigadas, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta. Además, pidió una copia de la absolución de la exlideresa magisterial.
El abogado de Gordillo, Marcos del Toro, aseguró al rotativo que “la maestra” desconoce la existencia de las investigaciones y niega relación alguna con la cuenta y el dinero.
El periódico El País ha revelado en los últimos meses, de acuerdo con documentos internos del banco, informes policiales y auditorías confidenciales, que el BPA sirvió para alojar los “fondos inconfesables” del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza (1,5 millones de dólares); los exdiputados Oscar Javier Lara Aréchiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un millón).
“También eligió este banco la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente del PRI y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones. Sylvana Beltrones depositó en esta institución financiera 10,4 millones entre 2009 y 2010, según una investigación de este periódico”, señaló. Ambos han negado la relación con el banco andorrano.
