CANCÚN.- Este mañana, en una rueda de prensa realizada en esta ciudad, integrantes del Colectivo 50+1 en Quintana Roo manifestaron su defensa en favor de Vanessa Piña Gutiérrez, a quien, aseguraron, “se le quitó peso jurídico” como síndico de Bacalar, tras denunciar por acoso a Arturo Calderón Gómez, asesor y amigo del presidente municipal, Alfredo “Chepe” Contreras.
Vanessa Piña Gutiérrez fue acompañada de Ludivina Menchaca Castellanos, presidenta de este colectivo y otras integrantes del mismo, quienes aseguraron que dicho acto es un “atropello” contra los derechos políticos y de género de la todavía síndica municipal.
Al hacer uso de la voz, la presunta víctima explicó que todavía labora como síndico del ayuntamiento, pero ya no en las mismas condiciones, pues, en una sesión extraordinaria de Cabildo, los regidores le “limitaron sus funciones”.
En ese tenor, recordó que el distanciamiento laboral con “Chepe” Contreras inició cuando una trabajadora del ayuntamiento, del área de mantenimiento, le informó que era víctima de acoso sexual por parte del asesor presidencial, Arturo Calderón, por lo que, en solidaridad con ella, la acompañó a llevar el procedimiento legal.
En ese sentido, informó que, como primera medida, procedieron a presentar la denuncia a la Contraloría Municipal, pero tras varias semanas de silencio, se presentaron ante la fiscalía, instancia que más tarde notificó de este proceso al ayuntamiento, lo que generó la molestia del alcalde.
Fue a partir de esto, asegura Piña Gutiérrez, cuando empezaron las represalias en su contra, como el hecho de retirarle personal de su confianza, amedrentar a familiares y restringir sus facultades jurídicas, como síndico.
Aunado a esto, indicó que intentó hablar con “Chepe” Contreras, pero él se negó, por lo que decidió interponer una denuncia formal en su contra, por abuso de la función pública.
Por su parte, Ludivina Menchaca aseguró que este tipo de hostigamientos sexuales son muy comunes al interior del ayuntamiento de Bacalar, pero no son denunciados por temor a sufrir represalias.
Resaltó que al respecto la fiscalía deberá realizar las indicaciones correspondientes, pues se trata de un hecho no solo de violación a los derechos políticos, sino también un caso de violencia de género y de intento de vedar “los derechos de las personas”.
“La señora síndico tiene derecho a ser respetada y mientras eso no suceda no es una situación aceptable para la ciudadanía, por lo que las autoridades deben garantizar que este caso se resuelva lo más pronto posible”, aseveró.
Por último, la presidenta de este colectivo indicó que el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y la Comisión Estatal de Víctima se mantengan “acéfalas”, es un factor que influye para que este caso no cuente aún con la protección, el seguimiento y la asesoría necesarias.
“Por ejemplo, la Comisión Estatal de Víctimas está acéfala y, por lo tanto, no se la asignado a la síndico un asesor victimal, cuando es la obligación de esta instancia”, subrayó.
