CHETUMAL.- De manera unánime, los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron la reelección de las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goemer en el Tribunal Superior de Justicia, pese a los señalamientos que pesan en contra de la primera.
Los dictámenes para la reelección de ambas magistradas fueron los únicos puntos de la sesión de hoy, a la que asistieron apenas 16 diputados locales, al momento de ser ésta instalada.
Kira Iris San, secretaria de la mesa directiva, pero además presidente de la Comisión de Justicia, que elaboró estos dictámenes, declaró que realizaron un análisis minucioso y hallaron que las magistradas cumplen con los requisitos para su reelección.
La reelección de Mariana Dávila pasó sin intervenciones, pero al tocar el turno de analizar la continuidad Adriana Cárdenas Aguilar, el legislador Roberto Erales, del Partido del Trabajo, criticó que se cayera en una “cadena de errores” que hizo que tuviese que convocarse a una sesión de último momento, para así evitar que se cayera en un “conflicto” con el Poder Judicial.
Desde el 23 de agosto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, notificó de la intención de ambas magistradas para reelegirse, pero a esto no se le dio debido trámite.
El petista incluso especuló que las trabas a un proceso protocolario pudieran deberse a “viejas revanchas” entre la administración actual y la anterior.
También dijo que es inexplicable que se sometiera a escrutinio a las dos magistradas, como si fueran postulantes, y le recordó cuando el gobernador Joaquín Hendricks Díaz intentó retirar del Tribunal Superior de Justicia a Lizbeth Song.
Nadie subió a rebatir sus palabras.
Cabe destacar que apenas ayer, ingresó al Congreso del Estado una oposición a la reelección de Adriana Cárdenas Aguilar, por parte de la víctima de un supuesto despojo por parte de José Julio Ascencio Reynoso, según el documento, pareja sentimental de la magistrada.
De acuerdo al abogado, la magistrada actuó con parcialidad en beneficio de su pareja, y en detrimento de su cliente.
No se trata del único caso, también es acusada de intervenir en la denuncia penal interpuesta por la Operadora Punta Maroma, en contra de un grupo de supuestos defalcadores, incluido Emilio González de Castilla, sentenciado por falsificación de documentos, pero inexplicablemente liberado.
Aunque Adriana Cárdenas Aguilar, en al Sala Octava procesa al grupo por asociación delictuosa, en 2017, la Fiscalía no tomó acción contra los imputados, y luego, ella misma les otorga un amparo.