EN LO QUE la Secretaría de Marina, responsable de atender y solucionar el problema, nos hace el favor de informarnos qué medidas se están tomando –o se tomarán– desde la Federación para contener este año una de las peores arribazones de sargazo de la que se tenga memoria, la Red de Monitoreo en Quintana Roo ha declarado ya en alerta roja en su semáforo al menos 40 playas del norte del estado, donde la situación se torna crítica por la presencia excesiva del alga y se estima que empeore de aquí a fin de mes. Desde Tulum hasta Cancún, están recalando diariamente toneladas de sargazo en todo el corredor playero y se salvan, hasta el momento, las playas de Isla Mujeres, Holbox, Isla Contoy, la costa oeste de Cozumel (la del este está infestada también y en semáforo rojo) y la laguna de Bacalar, en tanto en Mahahual hay presencia moderada. Pese al desolador panorama, dicen que la Semar vendrá a “apoyar” –cuando es suyo el paquete– hasta el mes de abril, por lo que autoridades locales, empresarios y sociedad civil están uniendo esfuerzos para tratar de evitar una crisis en el turismo similar a las de años pasados, cuando desde Palacio Nacional se decía que los quintanarroenses “exageraban” con el sargazo para que sus adversarios lo utilizaran para “atacar” a su Gobierno. Esos eternos “otros datos” cuyo origen sigue siendo un enigma.
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POR CIERTO, BAJO la consigna de “todos unidos contra el sargazo”, la gobernadora Mara Lezama, que no es de las que acostumbran quedarse de brazos cruzados esperando que le resuelvan los problemas, arrancó en Mahahual una campaña en la que participan funcionarios públicos y ciudadanos voluntarios para contener el arribo de al menos 17 mil toneladas del alga que flotan en el Mar Caribe hacia nuestras costas. En lo que la Semar decide de qué manera vendrá a apoyar a Quintana Roo con esta recurrente plaga marina que cada año invade nuestras playas, Mara y sus brigadas se metieron al mar a dar la pelea, en ‘moloch’, al sargazo. La campaña se extenderá, por lo que sabemos, hacia otras playas del norte del estado, que requieren con urgencia que les tiendan todas esas manos para limpiarlas y mantener a salvo la economía de los destinos. Los funcionarios “maristas”, que bien se las cantó desde el principio la gobernadora de que no serían de escritorio sino de calle, cercanos a la gente, alistan toallas, shorts y bloqueadores solares para echarse un clavado, ahora, a la nueva versión de funcionarios marinos.
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EL MIEDO NO anda en burro y al estilo de la “Chimoltrufia”, que primero dijo que no y ahora dice que sí, el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rodrigo Alcázar, tronó la caja de velocidades de la incongruencia al meter tremendo reversazo en sus declaraciones de que la plataforma Uber, con todo y que obtuvo un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que alguien le explique lo que significa Suprema), no podía operar hasta que el Congreso modificara de nuevo la Ley de Movilidad, amañada por la pasada Legislatura para impedir la entrada de la plataforma y seguir protegiendo el monopolio de los sindicatos de taxistas. Representantes de Uber presentaron la semana pasada ante el Congreso del estado una denuncia de juicio político en contra de Alcázar y la recién estrenada directora de Gobierno, la ex diputada priísta Erika Castillo, heredera de un emporio de placas y concesiones de taxis acumulados por tres generaciones de su familia como pago de favores políticos y electorales con ex gobernadores en turno, acusándolos de desacato a la orden judicial de la SCJN, asociación delictuosa, incitación a la violencia y conflicto de intereses. Y así de pronto, como revelación Divina, al titular del Imoveqroo le nació reconocer que las plataformas digitales pueden operar sin que exista todavía la nueva ley que regule el servicio de transporte de pasajeros. ¿Ya lo oyeron señores taxistas? Para que de una vez por todas lo entiendan y dejen de andar como trogloditas destruyendo carros y aterrorizando usuarios.
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CON LIMITADA CREATIVIDAD para hacerle el contrapeso a Uber luego de que paso a paso les fue ganando por la derecha la partida que ellos disputaban de manera primitiva con palos, piedras, objetos punzocortantes y terror contra los usuarios que preferían subirse a un auto privado antes que a sus desvencijadas unidades, sindicatos de taxistas como el Suchaa de Chetumal han anunciado con bombo y platillo la creación de una plataforma digital que, prometen, estará mejor que la de Uber y con la que, apuestan ellos, reconquistarán a la ciudadanía que les huye como a la peste. Sin embargo, los ruleteros no han dicho nada de cómo operará su ‘app’, cuáles serán sus tarifas, que si ahora sí irán “para allá” cuando un usuario les haga la parada, si portarán uniformes limpios y serán más amables y educados, y si renovarán su chatarral ambulante por autos nuevos. Se les aplaude las ganas que tienen de competir en buena lid por el mercado, pero antes tienen que corregir decenas de defectos y malas costumbres que llevaron a la gente a hartarse de ellos. Porque no es nada más la de “enchílame esta gorda”, saco mi aplicación y ya todo se resolvió. Les costará un poco más que eso.
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NI PARA AYUDARSE a sí misma en los líos judiciales en que se encuentra, sirve la ex alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain. Y es que intentando una vez más otra de sus “chicanadas” legales para torcer la ley y librarse del arraigo domiciliario en que un juez la puso por el delito de desacato y abuso de autoridad desde el 2022, la actual regidora por Morena metió una impugnación a la sentencia que le impide salir de Quintana Roo –con tanto lo que gusta viajar– y, por si fuera poco, tiene además que presentarse como cualquier hija de vecina, mezclada entre el populacho, a firmar en el Juzgado Penal. Malos abogados y un problema de comprensión del almanaque debe tener la Beristain, pues presentaron el recurso de impugnación con fecha vencida. De acuerdo a la ley, la ex alcaldesa de tristes recuerdos contaba con diez días hábiles para ejecutar su maniobra legal, pero se siguió de largo y lo hizo hasta el doceavo día, por lo que con la mano en la cintura y de acuerdo al librito, le dieron “palo” jurídico otra vez. Ni modo: tendrá que seguir encerrada entre los muros de su casa y yendo a poner su “poderosa” cada semana allá, a donde van los delincuentes a comprobar que no se han dado a la fuga.
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MIENTRAS TANTO SU hermana, Luz María “Güera” Beristain, aprovecha los reflectores que tanto le robó la ingrata Laura (a ella le debía todo y la trató como “apestada” todo su trienio) y busca escalar posiciones en las filas de Morena. Diputada local por el partido de la #4T, la polémica “Güera” se abrió junto con Julián Ricalde y otros prominentes morenistas a favor de la campaña del canciller Marcelo Ebrard por la candidatura a la Presidencia de la República, el cual, aseguran sus ‘fans’ quintanarroenses, es el de mayor experiencia probada y exitosa gestión como gobernante… aunque falta que pase el filtro de la bendición de Palacio Nacional y la dirigencia de Morena, donde laten como tambora oaxaqueña los corazones por Claudia Sheinbaum, primero y Adán Augusto López, después. La blonda ex senadora asistió este fin de semana a la toma de protesta de los Comités de Defensa de la #4T en Playa del Carmen, con marcadas similitudes con los CDR cubanos: los temidos Comités de Defensa de la Revolución, derivados en el espionaje civil y la represión a los “enemigos” del régimen.
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UN TOTAL DE 10 detenidos y el aseguramiento de un sórdido tugurio en donde presuntamente fueron privados de su libertad, torturados y ejecutados cuatro elementos de la Dirección de Fiscalización de Playa del Carmen, ha sido hasta el momento el resultado de una acelerada investigación que ha realizado la Fiscalía General del Estado para esclarecer el atroz multihomicidio. El móvil, aseguró el jefe de la Policía Municipal, Raúl Tassinari, fue una reacción –violenta y sanguinaria– por parte de la delincuencia organizada al combate que los tres órdenes de Gobierno están haciendo de sus ilícitas actividades para poner orden en este municipio. Informes de Inteligencia Militar revelan que en Quintana Roo tienen presencia al menos cinco organizaciones criminales que se disputan la plaza violentamente y son causantes de secuestros, ejecuciones, extorsiones, venta de drogas y tráfico de indocumentados. Casos recientes, la ejecución de estos cuatro inspectores de Fiscalización y, días antes, el “levantón” del director de la Policía Rural en el sur del estado y sus escoltas, a quienes en una confusa operación para asegurar a migrantes ilegales un comando armado los secuestró, los “castigó” a tablazos y los fueron a botar en una carretera, severamente lesionados. Y no, no es un problema que haya surgido recientemente, sino que es consecuencia de la libertad e impunidad que en gobiernos pasados se les brindó.
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LOS QUE MANEJEN borrachos en Cancún o con, vaya, simplemente indicios de que estuvieron celebrando con bebidas espirituosas antes de coger el volante, pueden estar tranquilos si los pescan en el Alcoholímetro pues ya no tendrán que dormir la “mona” 72 horas en “El Torito”. A cambio de eso (y de ahorrarle al Municipio una millonada por mantenerlos cómodos y alimentados ese período), los infractores de la ley tendrán que pagar una multa de al menos 10 mil pesos para sacar su vehículo del corralón que, eso sí, será inconmutable. De no tener el dinero, pueden canjearlo por días de trabajo de servicio a la comunidad y así saldar su deuda con la autoridad y la sociedad a la que exponen por conducir en estado inconveniente. Eso sí, seguro habrá reincidentes que añorarán dormir en una celda para pasar la borrachera y que les lleven sus chilaquiles picosos al día siguiente, en vez de sudar la “cruda” haciendo talacha bajo los rayos del sol.
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EL CLAMOR CIUDADANO y empresarial de mano dura contra los taxistas revoltosos que bloquearon la zona hotelera y el aeropuerto hace unas semanas en protesta por la autorización judicial a Uber, al fin fue escuchado allá arriba. La secretaria general de Gobierno, Cristina Torres, anunció que entre 15 y 20 concesiones de taxis que participaron en el caótico bloqueo están suspendidas hasta en tanto la Fiscalía General del Estado termine la investigación y pida el castigo que por ley merecen los infractores. La FGE, trascendió, quiere pronunciarse por la cancelación definitiva de estas concesiones, que son propiedad del Gobierno, pero ojalá tengan un mejor destino y, como sugerencia, bien podrían rifarlas entre los choferes –que no son los privilegiados concesionarios– que son los que dejan los riñones pegados al asiento luego de muchas horas diarias de trabajo. Eso sí, que tengan un historial limpio de buen servicio y no hayan causado nunca impactos negativos ni a la ciudad, ni a los usuarios, que sí los hay. Es una idea, nada más.
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