CANCÚN.- El desplome del presupuesto ambiental federal que ya ha llegado a niveles de alto riesgo podría afectar a la industria turística porque sin recursos para mitigar los efectos del cambio climático se abandona al estado de Quintana Roo que aporta casi el 40% de las divisas turísticas que ingresan al país, en su lucha por contener en altamar el arribo de sargazo para que no afecte, irremediablemente, a sus costas y visitantes y por atender otra gran crisis ambiental que amenaza a la segunda barrera arrecifal más grande del mundo: el blanqueo de los corales.
En un estudio reciente el economista Enrique Provencio y la bióloga Julia Carabias señalan que desde 2015 hasta este 2019, la protección ambiental se ha marginado del conjunto de políticas públicas. “Los datos hablan solos: en el periodo 2015-2019 la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue de 61%, para la Comisión Nacional Forestal la caída fue de casi 70%, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua el ajuste alcanzó 60%”.
Las instituciones, los compromisos internacionales, el marco regulatorio y los instrumentos de política están vigentes, pero pierden sus medios de ejecución, el soporte indispensable de inversiones, personal suficiente, equipamientos, operación, insumos y muchos otros elementos, sin los cuales parece difícil cumplir las obligaciones públicas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, así como para estimular el involucramiento privado y social en estas tareas, concluyen los investigadores.
Este retroceso tendría consecuencias muy graves para la conservación del patrimonio natural mexicano, como son las costas amenazadas ahora por el arribo cíclico de sargazo y el blanqueo de corales, y para la mitigación y adaptación ante el cambio climático, entre muchos otros aspectos clave para la salud, la economía y los medios de vida de la población.
“El descuido y mal trato al presupuesto ambiental es ante todo una falta de visión de futuro, un desconocimiento del hecho básico de que el desarrollo genuino de la sociedad y las personas pasa por la conservación del capital natural, que la sustentabilidad ambiental es un requisito indispensable para mantener y mejorar nuestras capacidades vitales, para innovar y transformar la economía en las actividades que ahora nos hacen perder recursos y energía, que nos generan malas condiciones de salud o que nos hacen perder productividad y oportunidades de crear nuevos y más dignos empleos”, indican los especialistas.
Como proporción del PIB, el presupuesto federal asignado a Semarnat alcanzó un máximo de 0.38% en 2014, para 2016 había bajado a 0.28% y en 2019 quedaría en 0.12%, si se cumplen las previsiones de crecimiento del producto y se ejercen los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.
El proyecto original del PEF 2019 le propuso a la Cámara de Diputados una reducción al presupuesto de Semarnat de 32% respecto al autorizado de 2018, la mayor contracción de entre todos los ramos administrativos.
“El acelerado deterioro del gasto ambiental federal de los años recientes y el que se aprobó para 2019 nos hace retroceder a épocas pasadas, en las que la protección y conservación ambiental se consideraban una actividad secundaria al desarrollo del país. Un gasto ambiental federal (Ramo 16) equivalente al 0.12% del PIB en 2019 representa apenas un tercio del registrado en 2012, lo que significa un nivel parecido al que se registró a fines del siglo pasado. Con esto, según algunas fuentes, México es uno de los países de América Latina que menores recursos destina a la conservación de su biodiversidad”.
Este nuevo retroceso presupuestal en 2019 agrava la afectación de las capacidades de inspección y vigilancia, de regulación ambiental, de evaluación de impactos y riesgos, de generación y actualización de normas, de investigación aplicada y dirigida a mejorar las políticas, de seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales, entre muchas otras.
Además, para el caso de las áreas naturales protegidas (ANP) la situación es más crítica que nunca. De 2012 a 2018 se incrementó la superficie terrestre y marina bajo administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en un 400% y actualmente suman poco más de 90 millones de hectáreas, distribuidas en 182 ANP.
En ese entonces se creó la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. Sobre esta ANP el Consejo Técnico Asesor que atiende el fenómeno del sargazo en Quintana Roo le ha pedido a la Conanp que elabore su plan de manejo para articular los esfuerzos y la planeación con el fin de resarcir y sostener los recursos naturales que garantizan la belleza y usufructo de las costas en Quintana Roo y generar, además, una cultura de adaptación y resiliencia que implica el involucramiento de todos los sectores, públicos y sociales.
Sin embargo la Conanp enfrenta este 2019 una nueva contracción de casi 28% en su presupuesto, lo que significa un recorte acumulado de 49% desde 2016 a 2019. Si no se le asignan ampliaciones, como es necesario, los recursos presupuestales a precios constantes de la Conanp en 2019 quedarían al nivel de 2005, aunque sus responsabilidades hayan crecido aceleradamente desde entonces.
Con un presupuesto igual al del siglo pasado es difícil que México enfrente los grandes retos ambientales de este siglo XXI.
Además, entre sus 100 compromisos el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó: “Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables; no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking y no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente”.
En la práctica, sin embargo, Greenpeace señaló que la política energética contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático porque contempla la construcción de una refinería más en Dos Bocas, Tabasco; se reactiva el sistema de plantas termoeléctricas, se incrementa la extracción de petróleo a través de fracking y se reducen los recursos asignados para mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en 36% respecto al 2018, lo que imposibilita la operación, ejecución, insumos y personal suficiente para no permitir proyectos que dañen el medio ambiente.
