CANCÚN.- Un monto mensual mayor a los 50 millones de pesos es lo que paga el Gobierno del Estado por una deuda “sumamente onerosa” que dejó la administración anterior, por el equipamiento del C5, afirmó este día Mara Lezama Espinosa, gobernadora del estado.
En entrevista esta mañana, luego de encabezar una entrega de patrullas, la mandataria estatal abundó que esta deuda asciende en total a más de mil millones de pesos.
En ese sentido, al referirse a los 2 mil millones de pesos que invirtió el gobierno estatal para adquirir las unidades que hoy entregó, la gobernadora dijo que la deuda mencionada está dificultando la compra de más equipamiento policiaco.
“Son 57 millones mensuales que se pagan cada mes, que es parte del gasto corriente del presupuesto del Gobierno del Estado. Por eso dije que era muy complicado el tema de lograrlo, esta inversión histórica, porque hay un pasivo que lo habíamos ejecutado y lo habíamos platicado en su oportunidad”, resaltó.
En ese tema, Lezama Espinosa dijo que el gobierno estatal está obligado a concluir esta deuda, pues se corre el riesgo de que la ciudadanía pague por el interés generaría caer en morosidad.
“Lo que no queremos es que el pueblo lo pague, porque a veces se dice ‘que pague la siguiente administración’, no, el que paga es el pueblo, el que paga los intereses es el pueblo, cuando pides un crédito corto con grandes intereses lo paga el pueblo, cuando no tomas el toro por los cuernos, para asumir la responsabilidad de los pagos, pues evidentemente el que termina pagando los platos rotos es el pueblo y nos quedan todavía unos meses”, subrayó.
ANALIZAN REVOCACIÓN DE AGUAKAN
En otro tema, Mara Lezama Espinosa aseguró que el Gobierno de Quintana Roo “no va a ser rehén de nada ni de nadie”, esto al ser cuestionada sobre los problemas de abasto de agua ocasionados por la concesionaria Aguakan en los municipios de la zona norte.
Asimismo, comentó que el equipo jurídico de la administración estatal ya revisa todo lo concerniente a la concesión que tiene Aguakan en los municipios de la zona norte que buscan su revocación.
“Estamos apoyando para que los municipios resuelvan los problemas que se tienen para abastecer con pipas, pero también se debe revisar lo legal, quién y porqué se hicieron esos contratos ‘leoninos’ tan ventajosos para la empresa”, resaltó.
A pregunta explícita de si se revocará la concesión de Aguakan, la gobernadora señaló que trabajan con los jurídicos para que así sea.
También señaló que ya habló con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar que fallas en este servicio deriven en falta de abasto de agua.