CANCÚN.- “Más de 300 mil familias viven en Cancún sin la certeza jurídica de su propiedad, por eso trabajaremos con las leyes para que los quintanarroenses tengan un patrimonio firme, y lo que hoy planteamos sea una realidad cuando lleguemos a San Lázaro”, manifestó Jesús Pool Moo, candidato a diputado federal por el IV distrito electoral, en su recorrido por el asentamiento irregular “Tres Reyes”.
El abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” reconoció la urgencia de que legisladores del Congreso de la Unión revisen la Ley Agraria, y en su caso reformen el marco normativo, no sólo para poner atención a esas tierras que transgreden y violentan la ley, como la de Fraccionamientos, sino también para evitar las invasiones e incertidumbre jurídica de sus posesionarios.
“Porque de que sirve tener una ley si la gente que posee la tierra vende, revende y juega con mucha gente al comercializar predios, lotes o parcelas. No podemos tener gente de primera y segunda clase, todos somos iguales, las personas que viven en estas colonias irregulares no tienen los servicios de agua, luz y drenaje, y su principal problema es el hacinamiento”, afirmó el candidato.
Durante su recorrido, Pool Moo, vislumbró la falta de infraestructura urbana y servicios básicos, como drenaje y alumbrado público, una situación que los coloca como blanco de enfermedades por la situación insalubre en la que viven, además de las enfermedades ocasionadas por el polvo y el calor, que detona en un problema de salud pública.
“Lo que hoy proponemos será una realidad cuando los legisladores de Morena lleguemos a San Lázaro, no pasará lo que con Enrique Peña Nieto que en sus acuerdo habló de la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y no cumplió; más de 300 mil familias viven sin una certeza jurídica de sus terrenos, legislaremos para que sean propietarios”, enfatizó Pool Moo.
El candidato aseveró que ante esos factores los tres niveles de gobierno deben de intervenir para dotar de una vida digna a la población y como integrante de San Lázaro llevará a tribuna iniciativas de ley para dar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, además de gestionar recursos adicionales a los programas de desarrollo social e infraestructura urbana mediante políticas públicas con resultados a corto plazo.