Alfonso Romo Garza, quien hasta hace unos días era el jefe de la Oficina de la Presidencia, no fue investigado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP), pese a que el pasado 3 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se revisaran las afectaciones ambientales causadas por el megaproyecto Enerall que aquél fundó en 2012 y el cual está en manos de su familia.
La investigación se ordenó luego de que se publicara el reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya” en la plataforma latinoamericana Connectas en alianza con Proceso, Univision, Ruido en la Red, Aristegui Noticias y Vice en Español, el cual reveló que Enerall, la empresa con el mayor número de concesiones de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán, realizó una serie de afectaciones a flora, fauna y tapó un cenote en el acuífero con la reserva más importante del país.
“No va a haber impunidad, sea quien sea, se acaba eso de que no se puede tocar al intocable. Vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública”, dijo López Obrador un día después de que apareciera la publicación y tras asegurar que en su gobierno no se concesionan grandes cantidades de agua.
Nueve meses después no sólo la Semarnat y la SFP desacataron la instrucción del presidente, sino que omitieron actuar de acuerdo con sus facultades, como lo confirman documentos obtenidos vía la Ley de Transparencia.
A las omisiones de las dependencias que encabezan María Luisa Albores e Irma Eréndira Sandoval se agregan las quejas de las comunidades mayas por la explotación del agua que ha realizado Enerall y por la que extraerá a partir de la construcción del Tren Maya, megaproyecto que se encuentra a un par de horas de la empresa de la familia de Romo.
“A Alfonso Romo no solamente se le premia con la impunidad, sino que se le va permitir seguir haciendo lo que ha hecho en el país contra el medio ambiente. Es un campeón en la destrucción del medio ambiente, de la destrucción de la tierra, de matar abejas con fumigaciones, de explotar el agua, de abusar del agua, de rellenar cenotes, de sembrar semillas transgénicas”, dice en entrevista Pedro Uc, líder de la Asamblea del Territorio Maya.
“Lamentamos que esto suceda sobre todo con un personaje tan nocivo como Alfonso Romo, tan enemigo de la naturaleza y de los pueblos indígenas… No ven en el agua más que dinero”, agrega Uc. Añade que la Asamblea del Territorio Maya y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible presentaron una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la posible afectación de los mantos acuíferos en la península por el Tren Maya.
Al respecto, la Semarnat no contestó a las peticiones de entrevista y la SFP informó que no daría su postura. También se buscó la posición de Enerall y Alfonso Romo sin obtener respuesta al cierre de edición.
Se lavan las manos
Tras conocerse la orden del presidente, Proceso solicitó los números de expediente y copias simples con las que se abrió la investigación. A través de los oficios 0001600113420 y 0002700110820, respectivamente, la SFP y Semarnat señalaron que no les correspondía realizar esa tarea.
La SFP apuntó que, al tratarse de daños ambientales, no tenía facultades al respecto, pese a que en el reportaje mencionado se aportan elementos sobre el patrimonio y los intereses del entonces coordinador de la Oficina de la Presidencia, Romo Garza, y sus vínculos con Enerall.
En cuanto a la Semarnat, dijo no haber localizado ningún documento en sus diversas direcciones, a pesar de los numerosos daños ambientales denunciados, a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró daños en la flora, la fauna y a cuerpos de agua (el caso del rellenado de un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados con material pétreo), así como el aprovechamiento de concesiones de agua en el municipio de Tizimín, Yucatán, que cuenta con el mayor número de cenotes y altos índices de sequía.
Tampoco hay evidencia de que Enerall pagara la multa de 741 mil pesos por obturar un cenote, de acuerdo con documentos de la Profepa obtenidos en septiembre por la misma vía de la Ley de Transparencia.
Por este daño ambiental fue que López Obrador exhortó el pasado 3 de marzo a que fueran inspeccionados el resto de los cenotes que Enerall tiene en custodia por encontrarse en sus terrenos. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ningún balance de la investigación asignada a Semarnat ni si se inició la restauración del cenote afectado.
Fuentes de la dependencia señalaron que la Profepa envió inspectores a los terrenos de la empresa, pero se desconoce si detectaron nuevas irregularidades y si se interpuso denuncia penal, ya que en 2018 la Profepa omitió llevar el caso ante la Fiscalía General de la República.
El pasado 10 de marzo la diputada Silvia Garza propuso en el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, la Semarnat y la Profepa a investigar los daños ambientales cometidos por Enerall.
“No tengo conflicto de interés”
Un día después de publicada la investigación periodística en Connectas, el pasado 3 de marzo, los reporteros le preguntaron en una conferencia a Alfonso Romo si estaba dispuesto a dejar su cargo ante las investigaciones que ordenó el presidente en su contra. En tono enérgico, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia respondió: “¿Que si voy a renunciar? ¡Claro que no! No tengo ningún conflicto de interés ni medioambiental.
“No voy a renunciar, estoy sumamente orgulloso por lo que hice. Ya no soy accionista desde 2017 y 2018. ¿Por qué? Porque entraron fondos, porque es un proyecto grande, porque me vine al gobierno. No soy accionista, no tengo conflicto de interés en nada.”
La sospecha no era nueva. Ya había sido señalada por el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa en entrevista con Proceso: “Dado que en la jefatura de la Oficina de la Presidencia se maneja a diario un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de primer grado no tuvieran actualmente participación accionaria alguna en la Casa de Bolsa Vector” (Proceso 2228).
La SFP nunca investigó a Romo, a pesar de que había algunas líneas de investigación que seguir, como el destino de sus acciones en Grupo Plenus y Enerall; la relación comercial y de terrenos en Yucatán con su hermano Adolfo; tampoco se sabe cómo quedó el fideicomiso, el cual incluye acciones de las empresas del exfuncionario a favor de su esposa e hijos, según consta en documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Otro dato que no siguió la dependencia a cargo de Sandoval fue un reporte publicado en el portal ChedrauiLeaks, que con base en documentos de la SEC y de la propia empresa Vector –de Grupo Plenus– reveló que la esposa de Romo, Consuelo Lourdes Garza Lagüera, era propietaria de una empresa de asesoría de inversiones con sede en Miami, información que Romo no detalló en su declaración pública de intereses, cuya copia se encuentra en Declaranet.
El pasado miércoles 2 de diciembre, Romo declaró en entrevista con Milenio Televisión que seguiría siendo asesor de AMLO pero volvería a su entorno empresarial. No obstante, él fue un funcionario de “mando superior”, concretamente catalogado como G11, según su declaración patrimonial disponible en Declaranet; esta condición le prohibiría trabajar para ciertas empresas en al menos 10 años, según la Ley de Austeridad Republicana.
En el segundo párrafo de su artículo 24 dicha ley estipula: “(Los funcionarios con rango superior) no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.
(Proceso)
